Deudas por ludopatía y Ley de la Segunda Oportunidad

La Ley de la Segunda Oportunidad se presenta como una solución para personas que por diversos motivos han acumulado una gran cantidad de deudas, siendo una de las razones habituales la ludopatía o adicción al juego. Por esa razón las personas afectadas por ludopatía recurren a la solicitud de créditos, microcréditos y tarjetas de crédito, entre otras vías para intentar paliar su situación.

Ley de Segunda Oportunidad

La Ley de la Segunda Oportunidad o Mecanismo de Segunda Oportunidad es un proceso administrativo que permite a personas físicas cancelar sus deudas de forma organizada, a través de la reconfiguración de dichas deudas y de esa forma retomar el control de sus finanzas.

Sin embargo, hay dudas con respecto a cuando esas deudas son generadas por problemas de ludopatía. En este sentido, no es importante en sí el origen de las deudas, siempre y cuando no se hayan cometido delitos.

La ludopatía es una adicción y no un delito en sí, pero en la medida en que esta patología lleve a la persona a cometer delitos para cubrir impagos, sí puede impedir acceder a ciertos tipos de beneficios para eliminar las deudas, como es el caso de la Ley de Segunda Oportunidad. En este sentido, es importante destacar que muchas personas que desarrollan la patología de ludopatía terminan por cometer delitos como estafas, hurtos, robos, entre otros.

En los casos en que la persona también active comportamientos intencionados para perjudicar a los acreedores, también puede suponer un problema importante al momento de solicitar la Ley de la Segunda Oportunidad. Sin embargo, si el problema de la ludopatía solo se traduce en acciones poco responsables pero que no constituyen un delito, no hay ningún tipo de impedimento legal para que la persona afectada pueda acceder al mecanismo de segunda oportunidad.

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Ejemplos de acciones sin perjuicio a terceros

A continuación, se detallan algunas de las acciones que un ludópata puede desarrollar pero que estas no afectan de forma directa a los demás y no se percibe la mala intención de perjudicar a los demás:

• Incurrir en gastos excesivos que sobrepasan la capacidad económica de la persona, pero que no perjudican a terceros.
• Solicitar dinero de forma reiterada a particulares o familiares y no retribuirlo según lo acordado.
• Utilizar las tarjetas de crédito hasta llegar o superar el límite de la misma sin tener la capacidad de pago necesaria para cancelar la deuda.
• Negociar ampliaciones de los préstamos ofreciendo garantías que en realidad no se tienen.

En esos casos, el deudor deberá someterse a un tratamiento y al mismo tiempo podrá reconfigurar sus deudas para cancelarlas en función de su capacidad de pago.

Sin embargo, es importante destacar que no siempre resulta fácil llegar a acuerdos con los acreedores, especialmente cuando se han generado deudas que no han sido aprobadas por el mediador o el administrador concursal, en caso de tratarse de deudas de un negocio. En esos casos es poco probable llegar a un acuerdo satisfactorio para el correspondiente pago de la deuda bajo la solicitud del aplazamiento o eliminación de la misma.

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Acceso del ludópata a la Ley de la Segunda Oportunidad

De acuerdo a la Ley, si la persona cumple con el resto de los requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad y no comete delitos o afecta con intención a otras personas, será posible que pueda acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad.

Esto se basa en la presunción de que ante la presencia de esta enfermedad no es indicio de la mala fe del deudor. De ahí que al cumplir con el resto de los requerimientos sea posible que éste tenga acceso a este beneficio para cambiar su situación financiera.

Para que un ludópata pueda tener acceso a la Ley de la Segunda Oportunidad, en primer lugar deberá ser sometido a ciertas pruebas psicológicas para ser acreditada la buena voluntad. La acreditación de la buena fe es indispensable para la condonación de las deudas. Junto a ello, se deberán presentar otros requisitos y siempre se analizará cada caso de forma particular.

A continuación, vemos las fases que se deben considerar en el proceso de análisis:

1. Fase extrajudicial: esta es la fase compuesta por la negociación de los acreedores como un intento para llegar a un acuerdo de pago más flexible y que se ajuste a la capacidad de pago del deudor.
2. Concurso consecutivo: el siguiente paso, en caso de no conseguir un acuerdo con los acreedores, es el concurso consecutivo. Para ello se requiere la presencia de una Administrador Concursal, así como la calificación del mismo ante el Juzgado (culpable o buena fe).
3. Exoneración de deudas: esta es la tercera y última fase, a la cual se llega de forma exclusiva si se califica de buena fe al deudor. Solo en ese supuesto, un Juez impondrá un plan de pago para el abono de la deuda, así como también la liberación del resto de las deudas que no esté en capacidad de asumir.

Es importante destacar que la única forma de llegar a la tercera fase es si el deudor obtiene el certificado de buena fe que se debe tramitar en las fases anteriores. Ese proceso puede llevar un tiempo considerable, desde el inicio de la primera fase.

En el caso de los ludópatas, el acceso a la Ley de la Segunda Oportunidad es un poco más complejo que en otros casos, porque se debe demostrar la buena fe de la persona. Igualmente hay que hacer un análisis más exhaustivo de los actos cometidos por la persona, para asegurarse de que no haya cometido ningún delito motivado por la necesidad de su adicción al juego.

En conclusión, las deudas más comunes adquiridas por los ludópatas son los préstamos personales, microcréditos, préstamos online, préstamos hipotecarios, tarjetas de crédito, además de las deudas que puedan adquirir con parientes y otras personas de confianza.

La Ley de Segunda Oportunidad ha llegado como una solución para la exoneración de deudas o reconfiguración de los pagos, pero para ello es indispensable que el deudor transite por varias fases y determinar, así, que es una persona que ha actuado de buena fe. Durante el proceso para determinar que el deudor actúa de buena fe, también se debe investigar que no haya cometido ningún delito y adicionalmente debe cumplir con el resto de los requisitos para tener acceso a este beneficio.